Las personas y organizaciones abajo firmantes queremos hacer
llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso solidario en estas horas
de dolor y de bronca para nuestro pueblo.
Las recientes inundaciones son acontecimientos de una
gravedad tal que han afectado a cientos de miles de familias,
imposibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y recursos,
causándoles daños irreparables a la vida, y que comprometen sus posibilidades de
supervivencia.
Esto constituye una catástrofe, y afirmamos que toda
catástrofe es social. Por ello, implica un desafío que no podemos ignorar,
mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria de nuestro
pueblo.
Intentando afrontar ese desafío desde el primer momento, con
nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido constatar la ausencia del
Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad de respuesta, y el
abandono de sus obligaciones esenciales.
La reacción masiva y solidaria de los trabajadores, de sus
organizaciones, así como de una inmensa red de organizaciones populares de todo
tipo, es el único dato alentador en este trance, y pone de manifiesto de un
modo dramático, la necesidad de que el estado en todos sus niveles asuma sus
responsabilidades.
La solidaridad popular puede organizarse, como se demuestra
día a día, pero jamás podrá reemplazar al estado. La indefensión social de los miles de
afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables, como alimentos,
agua potable y refugio, debe ser provista por el estado, y debe hacerse de un
modo inmediato. Y las soluciones de
fondo, que requieren la articulación de toda la sociedad, también deben ser
conducidas por el estado.
Solidarizarse es comprometerse con los derechos de las
víctimas
Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer
compromiso es con los derechos humanos, individuales y colectivos, de las
víctimas. Pero si de derechos se trata,
lo primero que debe quedar claro es que a los ciudadanos nos corresponde
organizarnos y defender nuestros derechos, dentro del marco legal, pero es el
Estado el responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes, sin
distinción.
Desde esa convicción, queremos compartir algunas reflexiones
sobre las causas de lo ocurrido, e invitar a todos a pensar en las cosas que,
en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras tormentas, que
inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes.
El modelo no es inocente
Un modelo de “desarrollo” basado en la apropiación del
territorio, expulsa a las poblaciones y las desplaza hacia las concentraciones
urbanas. Así, el esquema de agronegocios
extiende sin límites la superficie cultivada de soja, avanzando sobre las
comunidades, los campesinos y los pueblos originarios, destruyendo los bosques
naturales y degradando los suelos. Un modelo minero de grandes explotaciones
que destruye montañas enteras junto con su ecosistema, un modelo energético
extractivista que, además de agotar las reservas de hidrocarburos, ahora
también pretende experimentar con tecnologías altamente contaminantes de suelos
y napas (fracking), y un modelo industrial basado en sectores como el
automotriz, con sus vinculaciones con el consumo de combustibles y con el
desarrollo de carreteras para el transporte de personas y mercancías, terminó
alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense. A esto se refieren los “expertos” cuando
hablan de fenómenos que son inusuales (en relación con el pasado) pero que “han
venido para quedarse”.
Un modelo de desarrollo urbano “planificado” desde la
especulación inmobiliaria, con escasa regulación y control estatal, que
prioriza la construcción en altura sobre los espacios verdes, los barrios
privados construidos sobre humedales, los mega-centros comerciales, el asfalto
urbano y el trazado de rutas, terminó saturando los desagües, reduciendo las
superficies de absorción del agua y, en definitiva, aumentando la posibilidad
de graves desastres ambientales con motivo de las lluvias. Como botón de
muestra de los efectos de este tipo de desarrollo urbano, señalamos que
semejantes cantidades de m3 de lluvia se precipitaron en localidades como
Bragado o Junín, y el impacto no fue el mismo que en concentraciones urbanas
como Buenos Aires o La Plata.
Invitamos a toda la sociedad a reflexionar sobre la
necesidad de un cambio en los modelos económico y de desarrollo urbano que han
conducido a esta situación, no como un contrapunto ideológico, sino como una
necesidad vinculada con los desastres naturales y sus consecuencias: la
destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es
necesario cambiar el rumbo. Se
necesita otro modelo económico, y otro modelo de desarrollo urbano, que sean
compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras
generaciones.
Las administraciones Nacional, de la Provincia de Buenos
Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata no han
puesto límites a estos modelos. Por el
contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones. Prueba de ello son el dictado de normas como
la reforma del código de planificación urbana de la ciudad de La Plata, del año
2010, el paquete de leyes aprobadas por la legislatura porteña en noviembre de
2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que apoyan al
gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional, el hecho de que este último no
aplique la Ley de Glaciares, el desfinanciamiento de la Ley de Bosques, el
impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no convencionales, y a la
instalación de plantas productoras de semillas por la multinacional Monsanto,
entre otros muchos ejemplos.
Falta de prevención
La planificación y ejecución de planes integrales de
infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de revertir las
consecuencias de un modelo perverso, constituyen la principal herramienta de
prevención, y su responsabilidad indelegable es del estado. Denunciamos la falsedad de los argumentos en
el sentido de que “todo lo que se hace es poco”, cuando los presupuestos de las
jurisdicciones afectadas demuestran que no se están ejecutando todas las
partidas previstas en este tipo de obra.
Es deber irrenunciable de las administraciones planificar y
regular la prevención de los efectos que ese modelo inevitablemente
produce. Las trágicas consecuencias de
los últimos eventos, con 53 muertos en la Provincia de Buenos Aires y 6 en la
Ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado,
demuestran que ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, ni el de la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con planes de
contingencia frente a fenómenos que son previsibles. No hubo sistemas de alerta temprana, ni
centros de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de
información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la
ciudad de La Plata, ya desde 2007 existen informes elaborados por la UNLP que
advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras
necesarias.
Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno
del cambio climático, que lejos de exculpar a las autoridades, acentúa sus
responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse
imprevisibles.
Invitamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones
populares a fomentar el más amplio debate social en la materia, tendiente a
obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas, que apunten a
resolver estas cuestiones.
Sistemas de reparación inadecuados, insuficientes o inexistentes
La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley, la 1575, que crea
un fondo de emergencia para subsidios por inundaciones. La Nación no tiene legislación en este
sentido, y tampoco la tiene la Provincia de Buenos Aires. En este último caso, promesas públicas
efectuadas, en relación con subsidios a las personas, no cuentan hasta el
momento de redactar esta declaración con ninguna base normativa.
Resultan inaceptables, en este sentido, las líneas de
crédito “blandas” que colocan a las víctimas como sujetos de créditos
bancarios, en condiciones comerciales, cuando no están en condiciones de
satisfacer sus necesidades más elementales.
El dictado de normas para reparar adecuadamente las
consecuencias de las inundaciones, resulta indispensable, pero además, debe
convertirse en una oportunidad para que se legisle contemplando una
problemática que, si bien involucra a las tres jurisdicciones, y a los
municipios afectados, debe abordarse de un modo integral: los problemas del
área metropolitana requieren abordajes y soluciones a cargo de autoridades
metropolitanas. Las diferencias de signo
político de las administraciones no pueden estar por encima de las necesidades
de los habitantes.
La única norma vigente, ya mencionada, resulta insuficiente
en cuanto al monto asignado, que debería aumentarse sustancialmente. Además, la
experiencia en su implementación muestra notorios incumplimientos, habida
cuenta que aún no se han pagado totalmente los subsidios tramitados con motivo
de los desastres de 2010.
Por otra parte, está basada en la lógica del reclamo
individual del damnificado y en el concepto de subsidio, en lugar del de reparación
integral. Entendemos que tratándose
de una catástrofe de las dimensiones del caso, la norma tendiente a reparar los
daños no puede basarse en la sumatoria de los reclamos individuales, sino en
una actividad organizada por el estado, de relevamiento censal de los hogares
afectados, de estimación financiera de daños, y de provisión gratuita de toda
otra asistencia médica, social, jurídica, psicológica y laboral necesaria. Con estas definiciones, rechazamos la idea de
que las cantidades asignadas a cada solicitante puedan tener un techo fijado de
antemano. Si el sistema se basa en la
reparación integral, no puede tener un límite con carácter previo a la
valoración de las pérdidas.
Asimismo, resulta indispensable eximir del pago de impuestos
a las familias y a las pequeñas y medianas empresas afectadas, al menos por el
corriente ejercicio.
Creemos que el esfuerzo en la emergencia no puede
depender de la inmensa vocación solidaria del pueblo argentino, demostrada con
creces en estos días. Al Estado le
corresponde coordinar el esfuerzo social, empezando por volcar al mismo una
parte importante de la administración, pero también exigir el apoyo de las
grandes firmas locales y trasnacionales que operan en el país, principales
beneficiarias del modelo responsable de esta situación, en todo cuanto de su
producción pueda aportar en la emergencia: logística, agua potable envasada,
alimentos no perecederos, vestido, calzado, etc.
En el caso
particular del estado nacional, que cuenta con recursos financieros propios
superiores, y con capacidad de endeudamiento con el Banco Central y con la
ANSeS, que no son accesibles para las restantes jurisdicciones, su
responsabilidad en el aporte financiero para la emergencia es primaria, y exige
la creación urgente de un fondo que resulte suficiente para la reparación
integral de los daños sufridos por la población.
Reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar medidas en
este sentido, y al parlamento nacional, a las legislaturas de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, a que sesionen de forma
inmediata para dictar las normas que correspondan para facilitar el esfuerzo
social que se requiere.
No admitimos como argumento para no avanzar la supuesta
inexistencia de recursos presupuestarios, cuando se sigue pagando
religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída
por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a
pesar de que el sentido común y sentencias judiciales, así lo ordenan.
Convocamos a todas las organizaciones de trabajadores,
estudiantiles, de derechos humanos, partidos políticos, intelectuales, a
debatir abiertamente estas ideas, a proponer otras que busquen los mismos
objetivos, y a comprometernos todos juntos para que se concreten.
Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que
estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento, nos convocamos, y
convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo, a funcionar en
forma de asamblea permanente para la coordinación y organización de la lucha
por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta emergencia,
exigiendo que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo de sus
responsabilidades sin mas excusas ni dilaciones.
Proponemos, para ello, desplegar actividades en tres
planos:
a)
Poner a disposición de los hogares
afectados por esta catástrofe la implantación territorial de nuestras
organizaciones, para asistirlos en la articulación de todas las iniciativas,
reclamos, presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones,
medidas de lucha, y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de
la demanda a las autoridades de cada jurisdicción.
b)
Poner a disposición de este objetivo toda
la inserción institucional de nuestras organizaciones, en particular las
representaciones en ámbitos legislativos nacionales, provinciales, de la Ciudad
de Buenos Aires y municipales, para trabajar coordinadamente, exigir el
funcionamiento a pleno de esos ámbitos y el tratamiento urgente de las
iniciativas tendientes a dar solución a esta emergencia y a abordar los temas
de fondo.
c)
Seguir poniendo todos nuestros esfuerzos
en las acciones de solidaridad popular, incrementando los niveles de
coordinación entre todas nuestras organizaciones, en áreas tales como donación
y reparto de bienes, asistencia jurídica, asistencia psicológica, etc., para lo
cual ponemos a disposición de todos un listado de puntos de concentración de
las diferentes tareas, en diferentes puntos geográficos.