La tormenta tiene causas naturales, la catástrofe no


Las personas y organizaciones abajo firmantes queremos hacer llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso solidario en estas horas de dolor y de bronca para nuestro pueblo.

Las recientes inundaciones son acontecimientos de una gravedad tal que han afectado a cientos de miles de familias, imposibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y recursos, causándoles daños irreparables a la vida, y que comprometen sus posibilidades de supervivencia. 

Esto constituye una catástrofe, y afirmamos que toda catástrofe es social. Por ello, implica un desafío que no podemos ignorar, mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria de nuestro pueblo.

Intentando afrontar ese desafío desde el primer momento, con nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido constatar la ausencia del Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad de respuesta, y el abandono de sus obligaciones esenciales.  La reacción masiva y solidaria de los trabajadores, de sus organizaciones, así como de una inmensa red de organizaciones populares de todo tipo, es el único dato alentador en este trance, y pone de manifiesto de un modo dramático, la necesidad de que el estado en todos sus niveles asuma sus responsabilidades.

La solidaridad popular puede organizarse, como se demuestra día a día, pero jamás podrá reemplazar al estado.  La indefensión social de los miles de afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables, como alimentos, agua potable y refugio, debe ser provista por el estado, y debe hacerse de un modo inmediato.  Y las soluciones de fondo, que requieren la articulación de toda la sociedad, también deben ser conducidas por el estado.

Solidarizarse es comprometerse con los derechos de las víctimas

Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer compromiso es con los derechos humanos, individuales y colectivos, de las víctimas.  Pero si de derechos se trata, lo primero que debe quedar claro es que a los ciudadanos nos corresponde organizarnos y defender nuestros derechos, dentro del marco legal, pero es el Estado el responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes, sin distinción.

Desde esa convicción, queremos compartir algunas reflexiones sobre las causas de lo ocurrido, e invitar a todos a pensar en las cosas que, en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras tormentas, que inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes.

El modelo no es inocente

Un modelo de “desarrollo” basado en la apropiación del territorio, expulsa a las poblaciones y las desplaza hacia las concentraciones urbanas.  Así, el esquema de agronegocios extiende sin límites la superficie cultivada de soja, avanzando sobre las comunidades, los campesinos y los pueblos originarios, destruyendo los bosques naturales y degradando los suelos. Un modelo minero de grandes explotaciones que destruye montañas enteras junto con su ecosistema, un modelo energético extractivista que, además de agotar las reservas de hidrocarburos, ahora también pretende experimentar con tecnologías altamente contaminantes de suelos y napas (fracking), y un modelo industrial basado en sectores como el automotriz, con sus vinculaciones con el consumo de combustibles y con el desarrollo de carreteras para el transporte de personas y mercancías, terminó alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense.  A esto se refieren los “expertos” cuando hablan de fenómenos que son inusuales (en relación con el pasado) pero que “han venido para quedarse”.

Un modelo de desarrollo urbano “planificado” desde la especulación inmobiliaria, con escasa regulación y control estatal, que prioriza la construcción en altura sobre los espacios verdes, los barrios privados construidos sobre humedales, los mega-centros comerciales, el asfalto urbano y el trazado de rutas, terminó saturando los desagües, reduciendo las superficies de absorción del agua y, en definitiva, aumentando la posibilidad de graves desastres ambientales con motivo de las lluvias. Como botón de muestra de los efectos de este tipo de desarrollo urbano, señalamos que semejantes cantidades de m3 de lluvia se precipitaron en localidades como Bragado o Junín, y el impacto no fue el mismo que en concentraciones urbanas como Buenos Aires o La Plata.

Invitamos a toda la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en los modelos económico y de desarrollo urbano que han conducido a esta situación, no como un contrapunto ideológico, sino como una necesidad vinculada con los desastres naturales y sus consecuencias: la destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es necesario cambiar el rumbo.  Se necesita otro modelo económico, y otro modelo de desarrollo urbano, que sean compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras generaciones.

Las administraciones Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata no han puesto límites a estos modelos.  Por el contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones.  Prueba de ello son el dictado de normas como la reforma del código de planificación urbana de la ciudad de La Plata, del año 2010, el paquete de leyes aprobadas por la legislatura porteña en noviembre de 2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que apoyan al gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional, el hecho de que este último no aplique la Ley de Glaciares, el desfinanciamiento de la Ley de Bosques, el impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no convencionales, y a la instalación de plantas productoras de semillas por la multinacional Monsanto, entre otros muchos ejemplos.

Falta de prevención

La planificación y ejecución de planes integrales de infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de revertir las consecuencias de un modelo perverso, constituyen la principal herramienta de prevención, y su responsabilidad indelegable es del estado.  Denunciamos la falsedad de los argumentos en el sentido de que “todo lo que se hace es poco”, cuando los presupuestos de las jurisdicciones afectadas demuestran que no se están ejecutando todas las partidas previstas en este tipo de obra.

Es deber irrenunciable de las administraciones planificar y regular la prevención de los efectos que ese modelo inevitablemente produce.  Las trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la Provincia de Buenos Aires y 6 en la Ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado, demuestran que ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ni el de la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con planes de contingencia frente a fenómenos que son previsibles.  No hubo sistemas de alerta temprana, ni centros de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la ciudad de La Plata, ya desde 2007 existen informes elaborados por la UNLP que advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras necesarias.

Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno del cambio climático, que lejos de exculpar a las autoridades, acentúa sus responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse imprevisibles.

Invitamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones populares a fomentar el más amplio debate social en la materia, tendiente a obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas, que apunten a resolver estas cuestiones.

Sistemas de reparación inadecuados,  insuficientes o inexistentes

La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley, la 1575, que crea un fondo de emergencia para subsidios por inundaciones.  La Nación no tiene legislación en este sentido, y tampoco la tiene la Provincia de Buenos Aires.  En este último caso, promesas públicas efectuadas, en relación con subsidios a las personas, no cuentan hasta el momento de redactar esta declaración con ninguna base normativa. 

Resultan inaceptables, en este sentido, las líneas de crédito “blandas” que colocan a las víctimas como sujetos de créditos bancarios, en condiciones comerciales, cuando no están en condiciones de satisfacer sus necesidades más elementales.

El dictado de normas para reparar adecuadamente las consecuencias de las inundaciones, resulta indispensable, pero además, debe convertirse en una oportunidad para que se legisle contemplando una problemática que, si bien involucra a las tres jurisdicciones, y a los municipios afectados, debe abordarse de un modo integral: los problemas del área metropolitana requieren abordajes y soluciones a cargo de autoridades metropolitanas.  Las diferencias de signo político de las administraciones no pueden estar por encima de las necesidades de los habitantes.

La única norma vigente, ya mencionada, resulta insuficiente en cuanto al monto asignado, que debería aumentarse sustancialmente. Además, la experiencia en su implementación muestra notorios incumplimientos, habida cuenta que aún no se han pagado totalmente los subsidios tramitados con motivo de los desastres de 2010.

Por otra parte, está basada en la lógica del reclamo individual del damnificado y en el concepto de subsidio, en lugar del de reparación integral.  Entendemos que tratándose de una catástrofe de las dimensiones del caso, la norma tendiente a reparar los daños no puede basarse en la sumatoria de los reclamos individuales, sino en una actividad organizada por el estado, de relevamiento censal de los hogares afectados, de estimación financiera de daños, y de provisión gratuita de toda otra asistencia médica, social, jurídica, psicológica y laboral necesaria.  Con estas definiciones, rechazamos la idea de que las cantidades asignadas a cada solicitante puedan tener un techo fijado de antemano.  Si el sistema se basa en la reparación integral, no puede tener un límite con carácter previo a la valoración de las pérdidas.

Asimismo, resulta indispensable eximir del pago de impuestos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas afectadas, al menos por el corriente ejercicio.

Creemos que el esfuerzo en la emergencia no puede depender de la inmensa vocación solidaria del pueblo argentino, demostrada con creces en estos días.  Al Estado le corresponde coordinar el esfuerzo social, empezando por volcar al mismo una parte importante de la administración, pero también exigir el apoyo de las grandes firmas locales y trasnacionales que operan en el país, principales beneficiarias del modelo responsable de esta situación, en todo cuanto de su producción pueda aportar en la emergencia: logística, agua potable envasada, alimentos no perecederos, vestido, calzado, etc.

En el caso particular del estado nacional, que cuenta con recursos financieros propios superiores, y con capacidad de endeudamiento con el Banco Central y con la ANSeS, que no son accesibles para las restantes jurisdicciones, su responsabilidad en el aporte financiero para la emergencia es primaria, y exige la creación urgente de un fondo que resulte suficiente para la reparación integral de los daños sufridos por la población.

Reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar medidas en este sentido, y al parlamento nacional, a las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, a que sesionen de forma inmediata para dictar las normas que correspondan para facilitar el esfuerzo social que se requiere.

No admitimos como argumento para no avanzar la supuesta inexistencia de recursos presupuestarios, cuando se sigue pagando religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a pesar de que el sentido común y sentencias judiciales, así lo ordenan.

Convocamos a todas las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, partidos políticos, intelectuales, a debatir abiertamente estas ideas, a proponer otras que busquen los mismos objetivos, y a comprometernos todos juntos para que se concreten.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento, nos convocamos, y convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo, a funcionar en forma de asamblea permanente para la coordinación y organización de la lucha por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta emergencia, exigiendo que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo de sus responsabilidades sin mas excusas ni dilaciones.

Proponemos, para ello, desplegar actividades en tres planos:

a)      Poner a disposición de los hogares afectados por esta catástrofe la implantación territorial de nuestras organizaciones, para asistirlos en la articulación de todas las iniciativas, reclamos, presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones, medidas de lucha, y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de la demanda a las autoridades de cada jurisdicción.

b)     Poner a disposición de este objetivo toda la inserción institucional de nuestras organizaciones, en particular las representaciones en ámbitos legislativos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales, para trabajar coordinadamente, exigir el funcionamiento a pleno de esos ámbitos y el tratamiento urgente de las iniciativas tendientes a dar solución a esta emergencia y a abordar los temas de fondo.

c)      Seguir poniendo todos nuestros esfuerzos en las acciones de solidaridad popular, incrementando los niveles de coordinación entre todas nuestras organizaciones, en áreas tales como donación y reparto de bienes, asistencia jurídica, asistencia psicológica, etc., para lo cual ponemos a disposición de todos un listado de puntos de concentración de las diferentes tareas, en diferentes puntos geográficos.

DECLARACION DEL III FORO DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE - Guatemala Agosto 2012

REAFIRMAMOS LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO FOROS DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE Y ACORDAMOS LO SIGUIENTE:


  • Fortalecer los FPHs como espacios de diálogo, debate y reflexión para garantizar marcos normativos, institucionales, presupuestarios y políticos que permitan avanzar hacia la plena realización del Derecho a fa Alimentación en fa Región, con fa inclusión de representantes de la sociedad civil organizada e instituciones académicas.
  • El fortalecimiento del F.P.H implica su institucionalización en cada país y en el plano supra-nacional.
  • Fortalecer la participación activa y efectiva de los diferentes sectores de la sociedad, impulsando encuentros multisectoriales e incluyentes, para la articulación entre gobiernos, parlamentos y actores sociales.
  • Promover el intercambio de experiencias entre los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de los países de la región.
  • Impulsar iniciativas legislativas, fiscalización y políticas públicas que permitan el ejercicio pleno del derecho a la alimentación en los sectores de atención prioritaria como son la niñez, mujeres, adultos mayores, indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con capacidades diferentes.
  • Articular al F.P.H con el observatorio regional del Derecho a la Alimentación, como instancia de apoyo académico a su trabajo y promover la conformación de observatorios del derecho a la alimentación en cada país.
  • Impulsar la elaboración y el desarrollo de planes de trabajo con acciones y metas precisas en coordinación con las instancias de planeación, ejecución y evaluación de de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria en los países de la Región.
  • Difundir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para promover su firma, ratificación y/o adhesión en los respectivos países.
  • Promover una colaboración de los Frentes con los parlamentos y actores de otras regiones del mundo.
  • lmpulsar el desarrollo de la agricultura familiar campesina, urbana y periurbana sostenible con atención preferente a las mujeres, así como la alimentación escolar en los marcos legales y políticas públicas.
  • Exigir la primacía del derecho a la alimentación cuando la adecuada y suficiente producción y distribución de alimentos sea afectada por otras actividades económicas, desastres naturales y cambio climático.
  • Promover el ejercicio colectivo y consuetudinario del derecho a la alimentación por parte de comunidades campesinas y pueblos indígenas, tribales, originarios y afrodescendientes de acuerdo a sus propias normas, cosmovisiones, formas de organización y usos y costumbres de producción,  distribución y consumo.
  • Promover la formación de F.P.H. en los países donde todavía no estén constituidos y vincularlos con los Frentes ya existentes en la región.
  • Considerar en los procesos legislativos y de política pública la política de FAO sobre pueblos indígenas y tribales y las "Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria nacional".
  • A partir de ahora, y en tanto se define la institucionalidad de cada uno de los Frentes parlamentarios ahora constituidos con el apoyo técnico de la FAO, la Coordinación del Frente definirá criterios e indicadores comunes a partir de las fuentes estadísticas sobre la alimentación, gasto y gestión pública de cada país, de tal forma que se generen datos comparables para la región en su conjunto a partir del seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas públicas, que sirvan para el monitoreo local y para los informes de los Frentes en los Foros.
  • Adoptar con beneplácito las resoluciones y declaraciones que reconocen la urgencia de aunar esfuerzos en la lucha contra el Hambre y por la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional.
  • Impulsar el reconocimiento del derecho humano al agua, por su complementariedad con el derecho a la alimentación.
  • Crear y fortalecer plataformas digitales que permitan compartir la comunicación, intercambio de información y el contenido técnico para el mejor ejercicio del Derecho a la Alimentación.
  • Promover acciones para la formulación de presupuestos que asignen recursos a las áreas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y garantizar el acceso a los alimentos, protección social, alimentación escolar y agricultura famílíar.
  • Promover que el Derecho a la alimentación, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional sean incluidos en los sistemas educativos de los países de la región. 
  • Expresar la solidaridad con el pueblo venezolano por la tragedia ocurrida en el incendio de la refinería de Amuay y en especial con las familias de las víctimas.


RESOLUCION Nº 4


El día 15 de agosto se reunió el Frente Parlamentario contra el Hambre de la República Argentina, a las 11.30 hs. en la Sala 2 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Presentes:
Dip. Nac. Liliana Parada, Dip. Nac. Andrea García, Dip. Nac., Dip. Nac. Beatriz Mirkin, Dip. Nac. Luis Basterra, Claudia Carusso (Ase. Dip. Harispe), Silvia Saganias y Francisco Garcìa (Ase. Dip. Garcìa), Emiliano Raparaz (Ase. Dip. Storani). Victoria Richter (Ase. Senadora Dìaz). Pedro Olivera y Sol Triano (Ase. Dip. Parada).


Temas tratados:

  1. Incorporación de nuevos parlamentarios al FPH.
Bienvenida a los cinco nuevos parlamentarios que se incorporan al FPH: la Dip. Nac. Beatriz Mirkin (Frente para la Victoria, Tucumán), el Dip. Nac. Gastón Harispe (Nuevo Encuentro, Buenos Aires), el Dip. Nac. Luis Basterra (Frente para la Victoria, Formosa), la Dip. Nac. Andrea García (Frente para la Victoria, Buenos Aires) y el Dip. Nac. Víctor De Gennaro (Unidad Popular, Buenos Aires)

  1. III Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de America Latina y el Caribe, organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Se informó sobre la actividad a realizarse durantes los días a 30 y 31 de agosto  en la Ciudad de Guatemala y la agenda de actividades. Se realizó un intercambio en relación con la representación e intervención de Argentina en dicho evento.

  1. Apertura de un proceso para la discusión sobre una Ley Marco de Derecho a la Alimentación en Argentina.
Al respecto la Dip. Nac. Liliana Parada presentó los avances realizados durante el año en cuanto a recopilación de antecedentes legislativos nacionales e internacionales, y un primer análisis acerca de la necesidad de una Ley Marco sobre derecho a la alimentación en la Argentina, orientada bajo la perspectiva de la soberanía alimentaria.

Conclusiones:

  1. A partir de la presente Resolución quedan incorporados los nuevos parlamentarios al FPH, que queda conformado a la fecha por un total de dieciocho miembros.

  1. El FPH nacional en el III Foro de la FAO contará con la representación de la Dip. Nac. Liliana Pardada, vicecoordinadora del FPH para América Latina y el Caribe, y la Dip. Nac. Beatriz Mirkin, miembro del FPH. Si la agenda lo permite, se presentará un estado de avance de las acciones del FPH nacional y las actividades acordadas para realizarse a lo largo del segundo semestre 2012.

  1. Se acuerda una dinámica de trabajo de reuniones de asesores del FPH con una frecuencia semanal, con el objetivo de iniciar un proceso de intercambio y discusión acerca de la necesidad de una ley marco sobre derecho a la alimentación y los aspectos esenciales que una ley de esta naturaleza debería abarcar.

Audiencia Pública “PEA2 : debate urgente para una Argentina sin hambre“

Audiencia Pública “PEA2 : debate urgente para una Argentina sin hambre“
 29 de Mayo de 2012 - 15 hs. Honorable Congreso de la Nación
SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO

 El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, 2010 – 2016 (PEA2) concluyó recientemente su etapa de elaboración, tras un proceso que ha involucrado numerosos y múltiples actores sociales, académicos y políticos a nivel local y nacional. 

 De acuerdo con su Visión, el PEA2 se promueve como una herramienta clave para lograr que la Argentina sea líder mundial en la producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales, de calidad y con valor agregado, en particular en origen, asegurando al mismo tiempo la provisión alimentaria nacional y satisfaciendo la demanda internacional en calidad y cantidad en un marco de equidad territorial, inclusión social y sustentabilidad ambiental, económica y social, promoviendo de esa forma el desarrollo de la Nación y sus regiones. 

 El Frente Parlamentario contra el Hambre de la República Argentina (FPH) se conformó con el objetivo de incorporar en la agenda de nuestro Parlamento la compleja problemática del hambre, e influir en las políticas públicas que tiendan a la Soberanía Alimentaria del país. Al mismo tiempo, desde el FPH comprendemos la necesidad de interpelar a las fuerzas, organizaciones y movimientos sociales que viene bregando por las mismas causas facilitando un ámbito de participación social donde el pueblo sea protagonista verdadero de los cambios profundos que nuestro país precisa. 

 Es en este sentido, que desde el FPH consideramos prioritario poner en discusión el proceso del PEA2 y sus resultados, a la luz de los propios enunciados que lo fundamentan y especialmente relacionado con el deber indelegable e inalienable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación apropiada de toda la ciudadanía. 

 Es por eso que convocamos a la realización de la Audiencia Pública “PEA2 : debate urgente para una Argentina sin hambre“, que tendrá lugar el día 29 de Mayo de 2012 a las 15 hs. en el Anexo del Honorable Congreso de la Nación (Riobamba 25 / Sala 1 Piso 2). 

 La intención primordial es abordar un análisis que pueda nutrirse de las diferentes perspectivas teóricas, técnicas, políticas y de la experiencia cotidiana que acerquen la multiplicidad de actores convocados a este espacio, desde los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores, los movimientos campesinos, pueblos originarios, académicos y representantes de todo el arco político. Para ello se proponen dos ejes generales a modo de disparadores de las presentaciones y los debates: a) el PEA2 como herramienta para un desarrollo económico, sostenible, sustentable, con equidad territorial y social; b) el PEA2 como herramienta para garantizar el derecho a una alimentación apropiada. 

 Para garantizar el uso de la palabra de todos los oradores y a su vez brindar espacio para el debate, se proponen exposiciones no superiores a los 10 minutos de duración. 

 Para inscribirse en la Audiencia Pública, solicitamos enviar un mail a audienciapublicapea2@gmail.com fecha límite para inscripción: lunes 28 de mayo a las 12hs.

Audiencia Pública sobre Ley contra la extranjerización de Tierras




Informe   1/2011



VISTO


La conformación del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) el 16 de marzo de 2011, en el marco de la Iniciativa America latina y Caribe sin Hambre promovida por la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),

la presentación del Poder Ejecutivo Nacional del proyecto de ley expediente Nº 001-PE-2011 “Protección del dominio nacional sobre la propiedad, protección y tenencia de las tierras rurales”,

y que el FPH convocó a una Audiencia Pública en el Honorable Congreso de la Nación, realizada el día 6 de Octubre de 2011 para discutir este proyecto y,


CONSIDERANDO


Que la conformación del FPH tiene como objetivo “incorporar en la agenda de nuestro Parlamento, la problemática del hambre e incentivar la aprobación de presupuestos públicos, la creación de entidades gubernamentales e influir en las políticas públicas que tiendan a la Soberanía Alimentaria del país.”,

Que de la Audiencia Pública participaron organizaciones sociales urbanas y rurales, agencias del poder ejecutivo, diputados y senadores de la nación, profesionales y técnicos de distintas universidades nacionales (ver Anexo1),

Que en la misma, se planteó la necesidad de una ley participativa, que tenga en cuenta las distintas problemáticas que atraviesan el debate en torno la tierra.

Que los miembros del FPH, propusieron elevar un informe de lo expuesto por los participantes a las tres comisiones que tratan el proyecto de tierras en la Cámara de Diputados (Agricultura y Ganadería – Legislación General – Asuntos Constitucionales),
  



EL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
RESUELVE:


Elevar a dichas comisiones, los siguientes aportes que los miembros del FPH consideran relevantes y que han sido consensuados por la mayoría de los participantes de la Audiencia Pública, así como algunos lineamientos particulares.

Asimismo, se anexa la versión taquigráfica del encuentro (ver Anexo 2) para que los señores y señoras diputados/as se sirvan de la totalidad de lo expuesto:

1.      En relación con lo establecido en el articulado de la ley, se planteó la necesidad de modificar el punto que establece el límite en el 20%, ya que, al no diferenciar por regiones y, teniendo en cuenta la cantidad de tierras en manos de extranjeros en la actualidad, este proyecto puede desvirtuar sus objetivos y propiciar una mayor venta de tierras a extranjeros. En este sentido, se expreso la necesidad de limitar también la compra de tierra por parte de otros Estados, adhiriendo al llamamiento del Dakar lanzado durante el Foro Social Mundial de Senegal del  2011.

2.      Hubo coincidencia entre los expositores acerca de los límites que exhibe el proyecto oficial y la necesidad de tener un abordaje integral de la problemática de la tierra. En particular porque el tema excede lo planteado en el proyecto y tiene que ver con el acaparamiento de tierra que es una problemática transnacional.

3.      Se planteó incluir en la discusión la protección de los bienes naturales y culturales, recursos hídricos, las zonas de frontera; así como atender a la situación de campesinos e indígenas que siguen siendo desalojados de sus territorios.

4.      Otro punto en el que coincidieron los asistentes fue en sostener que el problema de la tierra en nuestro país tiene dos aristas que el proyecto no contempla: Por un lado, el problema de la concentración de la posesión sin propiedad y la distribución de la tierra. En relación con esto, se planteó la necesidad de complementar el proyecto con una ley de arrendamientos rurales. Por otro, el de su uso en relación con el modelo productivo actual, se propuso discutir la función social de la tierra, en el marco de un abordaje integral de la problemática.

5.      En relación con lo planteado, varias organizaciones manifestaron la necesidad de que sean reconocidas las prácticas de Soberanía Alimentaria que se desarrollan en el campo y en la ciudad, en el marco de un modelo productivo alternativo al actual. Por esto, se planteó la necesidad de sancionar leyes que promuevan la diversidad productiva y atiendan al derecho a una alimentación sana y culturalmente adecuada.

6.      También se manifestó una preocupación, compartida por la mayoría de los asistentes, en relación a la venta de tierras a extranjeros en el período previo a la sanción e implementación de la ley,  entendiendo que se debería suspender, toda compraventa de tierras que pueda implicar mayor extranjerización o mayor concentración,  hasta tanto se establezca la reglamentación pertinente.


A continuación se detallan lineamientos planteados por algunos de los participantes, que hacen a una mirada integral de la problemática de tierras:

  • Algunas organizaciones campesinas e indígenas manifestaron su preocupación ante las amenazas y desalojos que sufren a pesar de la existencia de legislación nacional y provincial que los protege (Ley 26160 y afines).

  • También fue puesta de manifiesto la necesidad de entender el territorio nacional como unidad política inescindible y defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos bajo el principio de igualdad, de jerarquía superior a otras estipulaciones constitucionales, como las del art. 124 de la Constitución Nacional, no obstando esto a que se solicite la declaración de reforma del mencionado artículo.

  • Junto con el problema de la tierra se planteó la necesidad de discutir los efectos de la industria forestal; de la producción de agro-combustibles, que compiten con la de alimentos y provocan inflación. A su vez, avanzar en la resolución de la problemática de transportes que encarecen los precios de los alimentos en los centros urbanos.

  • Necesidad de restablecer organismos que controlen las producciones: Juntas Nacionales de Granos y Carnes.

  • Nacionalizar el registro que realice el ordenamiento territorial ya que los desalojos son llevados a cabo por las provincias.

  • El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) planteó que en la discusión acerca del modelo productivo, que debe darse en paralelo al de la tierra, se tiene que tomar el problema del trabajo infantil esclavo en el que se sostiene la producción actual.

  • Volver a regionalizar la producción, replanteando los modos de producir, comerciar y distribuir lo producido.

  • Los miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) plantearon la necesidad de atender la problemática del Chaco salteño y del Chaco Santiagueño donde se están realizando desalojos violentos en forma periódica a familias campesinas, alertando sobre situaciones graves que se están dando especialmente en Monte Quemado.

Por todo lo expuesto, elevamos el presente informe a las respectivas presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería,  Legislación General  y  Asuntos Constitucionales para ser tenido en cuenta en la discusión que se llevará a cabo en relación al proyecto señalado supra.

XII Reunión Comisión Coordinadora del F.P.H. para Amèrica Latina y el Caribe


Se desarrolló en Salvador de Bahía el 8 de Noviembre de 2011 (acta de la reunión disponible en el sitio web FPH) y, en términos de la participación del capítulo argentino:

3.- Designación de cargos de Comisión Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe

El espacio de designación de los cargos de Coordinador y Subcoordinador de la Comisión Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre se inició con las palabras del Diputado Nazareno Fonteles, quien señaló la importancia de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en Bogotá, de manera de avanzar en el Fortalecimiento de este espacio. A continuación, el pleno de los asistentes acordó por consenso designar como coordinadora a la Diputada de República Dominicana, Guadalupe Valdez,  quien aceptó la designación. Con posterioridad, y ya presidiendo la reunión la Coordinadora electa, se procedió a la designación de la subordinación, que recayó, también por consenso, en la diputada de Argentina, Liliana Parada, quien aceptó la designación.

De esta manera y hasta el próximo Foro, la Coordinación de la Comisión Coordinadora será llevada a cabo por las diputadas:

Coordinadora: Guadalupe Valdez, Diputada de República Dominicana.

Subcoordinadora: Liliana Parada, Diputada de Argentina.

4.- Debate: Construcción de espacios de articulación con la Sociedad civil y la inclusión del enfoque de derechos en la discusión parlamentaria de institucionalidad en  Seguridad Alimentaria.
Argentina, Diputada Liliana Parada:

Sostuvo que es fundamental la colaboración entre los países en función de la experiencia de cada uno de ellos,  intercambiando experiencias en temáticas transversales, así como la inclusión de la sociedad civil en este dialogo.

La diputada  contó como en Argentina los parlamentarios que hoy conforman el Capítulo nacional del FPH, convocaron en el mes de octubre pasado a una Audiencia Pública para discutir sobre la problemática relativa a la extranjerización de la tierra, creándose un rico debate.

Hoy el FPH prevé territorializar el diálogo, incorporando las opiniones que vienen desde las provincias de la Nación.

Para el mejor trabajo del FPH, la Diputada propone armar seminarios  de: a) agricultura familiar; b) alimentación escolar, c) proyectos de economía familiar para todas las instituciones públicas.

2do Informe Semanal por la Soberanía Alimentaria

  • Se creó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria  en  la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires propuesta al Ing. Carlos Carballo Gonzalez . En el link podrán tener acceso a la resolución de la propia facultad con el respectivo programa de estudios. 
  • En su más reciente número, la Revista Crisis propone un interesante debate en relación al "modelo y sus modales". En esta nota que enviamos un trabajo interesante sobre las commodities y su vinculación al tipo de desarrollo que nuestro país necesita.
  • Curso en la Universidad de Rosario. "Seguridad y Soberanía alimentaria: una mirada sobre la agroecología" En el marco del curso "Experto Internacional en soberanía alimentaria y agroecología emergente" invitan a participar la Universidad internacional de Andalucía, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (España), la Universidad de Cochabamba (Bolivia) y la Universidad de Veracruz (Mexico)
  • Reenviamos el informe de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACER), que alerta sobre las posibles implicancias de la modificación de la Ley de Agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires.
  • La Defensoría del Pueblo de la Nación también se suma a la campaña para que se prohíba el uso de agroquímicos por sus efectos cancerígenos.