La tormenta tiene causas naturales, la catástrofe no


Las personas y organizaciones abajo firmantes queremos hacer llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso solidario en estas horas de dolor y de bronca para nuestro pueblo.

Las recientes inundaciones son acontecimientos de una gravedad tal que han afectado a cientos de miles de familias, imposibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y recursos, causándoles daños irreparables a la vida, y que comprometen sus posibilidades de supervivencia. 

Esto constituye una catástrofe, y afirmamos que toda catástrofe es social. Por ello, implica un desafío que no podemos ignorar, mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria de nuestro pueblo.

Intentando afrontar ese desafío desde el primer momento, con nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido constatar la ausencia del Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad de respuesta, y el abandono de sus obligaciones esenciales.  La reacción masiva y solidaria de los trabajadores, de sus organizaciones, así como de una inmensa red de organizaciones populares de todo tipo, es el único dato alentador en este trance, y pone de manifiesto de un modo dramático, la necesidad de que el estado en todos sus niveles asuma sus responsabilidades.

La solidaridad popular puede organizarse, como se demuestra día a día, pero jamás podrá reemplazar al estado.  La indefensión social de los miles de afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables, como alimentos, agua potable y refugio, debe ser provista por el estado, y debe hacerse de un modo inmediato.  Y las soluciones de fondo, que requieren la articulación de toda la sociedad, también deben ser conducidas por el estado.

Solidarizarse es comprometerse con los derechos de las víctimas

Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer compromiso es con los derechos humanos, individuales y colectivos, de las víctimas.  Pero si de derechos se trata, lo primero que debe quedar claro es que a los ciudadanos nos corresponde organizarnos y defender nuestros derechos, dentro del marco legal, pero es el Estado el responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes, sin distinción.

Desde esa convicción, queremos compartir algunas reflexiones sobre las causas de lo ocurrido, e invitar a todos a pensar en las cosas que, en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras tormentas, que inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes.

El modelo no es inocente

Un modelo de “desarrollo” basado en la apropiación del territorio, expulsa a las poblaciones y las desplaza hacia las concentraciones urbanas.  Así, el esquema de agronegocios extiende sin límites la superficie cultivada de soja, avanzando sobre las comunidades, los campesinos y los pueblos originarios, destruyendo los bosques naturales y degradando los suelos. Un modelo minero de grandes explotaciones que destruye montañas enteras junto con su ecosistema, un modelo energético extractivista que, además de agotar las reservas de hidrocarburos, ahora también pretende experimentar con tecnologías altamente contaminantes de suelos y napas (fracking), y un modelo industrial basado en sectores como el automotriz, con sus vinculaciones con el consumo de combustibles y con el desarrollo de carreteras para el transporte de personas y mercancías, terminó alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense.  A esto se refieren los “expertos” cuando hablan de fenómenos que son inusuales (en relación con el pasado) pero que “han venido para quedarse”.

Un modelo de desarrollo urbano “planificado” desde la especulación inmobiliaria, con escasa regulación y control estatal, que prioriza la construcción en altura sobre los espacios verdes, los barrios privados construidos sobre humedales, los mega-centros comerciales, el asfalto urbano y el trazado de rutas, terminó saturando los desagües, reduciendo las superficies de absorción del agua y, en definitiva, aumentando la posibilidad de graves desastres ambientales con motivo de las lluvias. Como botón de muestra de los efectos de este tipo de desarrollo urbano, señalamos que semejantes cantidades de m3 de lluvia se precipitaron en localidades como Bragado o Junín, y el impacto no fue el mismo que en concentraciones urbanas como Buenos Aires o La Plata.

Invitamos a toda la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en los modelos económico y de desarrollo urbano que han conducido a esta situación, no como un contrapunto ideológico, sino como una necesidad vinculada con los desastres naturales y sus consecuencias: la destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es necesario cambiar el rumbo.  Se necesita otro modelo económico, y otro modelo de desarrollo urbano, que sean compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras generaciones.

Las administraciones Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata no han puesto límites a estos modelos.  Por el contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones.  Prueba de ello son el dictado de normas como la reforma del código de planificación urbana de la ciudad de La Plata, del año 2010, el paquete de leyes aprobadas por la legislatura porteña en noviembre de 2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que apoyan al gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional, el hecho de que este último no aplique la Ley de Glaciares, el desfinanciamiento de la Ley de Bosques, el impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no convencionales, y a la instalación de plantas productoras de semillas por la multinacional Monsanto, entre otros muchos ejemplos.

Falta de prevención

La planificación y ejecución de planes integrales de infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de revertir las consecuencias de un modelo perverso, constituyen la principal herramienta de prevención, y su responsabilidad indelegable es del estado.  Denunciamos la falsedad de los argumentos en el sentido de que “todo lo que se hace es poco”, cuando los presupuestos de las jurisdicciones afectadas demuestran que no se están ejecutando todas las partidas previstas en este tipo de obra.

Es deber irrenunciable de las administraciones planificar y regular la prevención de los efectos que ese modelo inevitablemente produce.  Las trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la Provincia de Buenos Aires y 6 en la Ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado, demuestran que ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ni el de la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con planes de contingencia frente a fenómenos que son previsibles.  No hubo sistemas de alerta temprana, ni centros de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la ciudad de La Plata, ya desde 2007 existen informes elaborados por la UNLP que advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras necesarias.

Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno del cambio climático, que lejos de exculpar a las autoridades, acentúa sus responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse imprevisibles.

Invitamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones populares a fomentar el más amplio debate social en la materia, tendiente a obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas, que apunten a resolver estas cuestiones.

Sistemas de reparación inadecuados,  insuficientes o inexistentes

La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley, la 1575, que crea un fondo de emergencia para subsidios por inundaciones.  La Nación no tiene legislación en este sentido, y tampoco la tiene la Provincia de Buenos Aires.  En este último caso, promesas públicas efectuadas, en relación con subsidios a las personas, no cuentan hasta el momento de redactar esta declaración con ninguna base normativa. 

Resultan inaceptables, en este sentido, las líneas de crédito “blandas” que colocan a las víctimas como sujetos de créditos bancarios, en condiciones comerciales, cuando no están en condiciones de satisfacer sus necesidades más elementales.

El dictado de normas para reparar adecuadamente las consecuencias de las inundaciones, resulta indispensable, pero además, debe convertirse en una oportunidad para que se legisle contemplando una problemática que, si bien involucra a las tres jurisdicciones, y a los municipios afectados, debe abordarse de un modo integral: los problemas del área metropolitana requieren abordajes y soluciones a cargo de autoridades metropolitanas.  Las diferencias de signo político de las administraciones no pueden estar por encima de las necesidades de los habitantes.

La única norma vigente, ya mencionada, resulta insuficiente en cuanto al monto asignado, que debería aumentarse sustancialmente. Además, la experiencia en su implementación muestra notorios incumplimientos, habida cuenta que aún no se han pagado totalmente los subsidios tramitados con motivo de los desastres de 2010.

Por otra parte, está basada en la lógica del reclamo individual del damnificado y en el concepto de subsidio, en lugar del de reparación integral.  Entendemos que tratándose de una catástrofe de las dimensiones del caso, la norma tendiente a reparar los daños no puede basarse en la sumatoria de los reclamos individuales, sino en una actividad organizada por el estado, de relevamiento censal de los hogares afectados, de estimación financiera de daños, y de provisión gratuita de toda otra asistencia médica, social, jurídica, psicológica y laboral necesaria.  Con estas definiciones, rechazamos la idea de que las cantidades asignadas a cada solicitante puedan tener un techo fijado de antemano.  Si el sistema se basa en la reparación integral, no puede tener un límite con carácter previo a la valoración de las pérdidas.

Asimismo, resulta indispensable eximir del pago de impuestos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas afectadas, al menos por el corriente ejercicio.

Creemos que el esfuerzo en la emergencia no puede depender de la inmensa vocación solidaria del pueblo argentino, demostrada con creces en estos días.  Al Estado le corresponde coordinar el esfuerzo social, empezando por volcar al mismo una parte importante de la administración, pero también exigir el apoyo de las grandes firmas locales y trasnacionales que operan en el país, principales beneficiarias del modelo responsable de esta situación, en todo cuanto de su producción pueda aportar en la emergencia: logística, agua potable envasada, alimentos no perecederos, vestido, calzado, etc.

En el caso particular del estado nacional, que cuenta con recursos financieros propios superiores, y con capacidad de endeudamiento con el Banco Central y con la ANSeS, que no son accesibles para las restantes jurisdicciones, su responsabilidad en el aporte financiero para la emergencia es primaria, y exige la creación urgente de un fondo que resulte suficiente para la reparación integral de los daños sufridos por la población.

Reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar medidas en este sentido, y al parlamento nacional, a las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, a que sesionen de forma inmediata para dictar las normas que correspondan para facilitar el esfuerzo social que se requiere.

No admitimos como argumento para no avanzar la supuesta inexistencia de recursos presupuestarios, cuando se sigue pagando religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a pesar de que el sentido común y sentencias judiciales, así lo ordenan.

Convocamos a todas las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, partidos políticos, intelectuales, a debatir abiertamente estas ideas, a proponer otras que busquen los mismos objetivos, y a comprometernos todos juntos para que se concreten.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento, nos convocamos, y convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo, a funcionar en forma de asamblea permanente para la coordinación y organización de la lucha por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta emergencia, exigiendo que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo de sus responsabilidades sin mas excusas ni dilaciones.

Proponemos, para ello, desplegar actividades en tres planos:

a)      Poner a disposición de los hogares afectados por esta catástrofe la implantación territorial de nuestras organizaciones, para asistirlos en la articulación de todas las iniciativas, reclamos, presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones, medidas de lucha, y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de la demanda a las autoridades de cada jurisdicción.

b)     Poner a disposición de este objetivo toda la inserción institucional de nuestras organizaciones, en particular las representaciones en ámbitos legislativos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales, para trabajar coordinadamente, exigir el funcionamiento a pleno de esos ámbitos y el tratamiento urgente de las iniciativas tendientes a dar solución a esta emergencia y a abordar los temas de fondo.

c)      Seguir poniendo todos nuestros esfuerzos en las acciones de solidaridad popular, incrementando los niveles de coordinación entre todas nuestras organizaciones, en áreas tales como donación y reparto de bienes, asistencia jurídica, asistencia psicológica, etc., para lo cual ponemos a disposición de todos un listado de puntos de concentración de las diferentes tareas, en diferentes puntos geográficos.

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