Informe 1/2011
VISTO
La conformación del Frente
Parlamentario contra el Hambre (FPH) el 16 de marzo de 2011, en el marco de
la Iniciativa
America latina y Caribe sin Hambre promovida por la oficina
regional de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
la presentación del Poder Ejecutivo Nacional del proyecto de ley
expediente Nº 001-PE-2011 “Protección del dominio nacional sobre la propiedad, protección
y tenencia de las tierras rurales”,
y que el FPH convocó a una Audiencia Pública en el Honorable
Congreso de la Nación ,
realizada el día 6 de Octubre de 2011 para discutir este proyecto y,
CONSIDERANDO
Que la conformación del FPH
tiene como objetivo “incorporar en la agenda de nuestro Parlamento, la problemática
del hambre e incentivar la aprobación de presupuestos públicos, la creación de
entidades gubernamentales e influir en las políticas públicas que tiendan a la Soberanía Alimentaria
del país.”,
Que de la
Audiencia Pública participaron organizaciones sociales
urbanas y rurales, agencias del poder ejecutivo, diputados y senadores de la
nación, profesionales y técnicos de distintas universidades nacionales (ver
Anexo1),
Que en la misma, se planteó la necesidad de
una ley participativa, que tenga en cuenta las distintas problemáticas que
atraviesan el debate en torno la tierra.
Que los miembros del FPH,
propusieron elevar un informe de lo expuesto por los participantes a las tres
comisiones que tratan el proyecto de tierras en la Cámara de Diputados (Agricultura
y Ganadería – Legislación General – Asuntos Constitucionales),
EL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
RESUELVE:
Elevar a dichas comisiones, los siguientes aportes que los miembros del
FPH consideran relevantes y que han
sido consensuados por la mayoría de los participantes de la Audiencia Pública
Asimismo, se anexa la versión taquigráfica del encuentro (ver Anexo 2)
para que los señores y señoras diputados/as se sirvan de la totalidad de lo
expuesto:
1. En relación con lo
establecido en el articulado de la ley, se
planteó la necesidad de modificar el punto que establece el límite en el 20%,
ya que, al no diferenciar por regiones y, teniendo en cuenta la cantidad de
tierras en manos de extranjeros en la actualidad, este proyecto puede
desvirtuar sus objetivos y propiciar una mayor venta de tierras a extranjeros.
En este sentido, se expreso la necesidad de limitar también la compra de tierra
por parte de otros Estados, adhiriendo al llamamiento del Dakar lanzado durante
el Foro Social Mundial de Senegal del 2011.
2. Hubo coincidencia entre los
expositores acerca de los límites que
exhibe el proyecto oficial y la necesidad de tener un abordaje integral de la
problemática de la tierra. En particular porque el tema excede lo planteado en
el proyecto y tiene que ver con el acaparamiento de tierra que es una
problemática transnacional.
3. Se planteó incluir en la
discusión la protección de los bienes naturales y culturales, recursos hídricos,
las zonas de frontera; así como atender a la situación de campesinos e
indígenas que siguen siendo desalojados de sus territorios.
4. Otro punto en el que
coincidieron los asistentes fue en sostener que el problema de la tierra en
nuestro país tiene dos aristas que el proyecto no contempla: Por un lado, el problema de la concentración de la posesión
sin propiedad y la distribución de la tierra. En relación con esto, se
planteó la necesidad de complementar el proyecto con una ley de arrendamientos rurales. Por otro, el de su uso en relación
con el modelo productivo actual, se propuso discutir la función social de la
tierra, en el marco de un abordaje integral de la problemática.
5. En relación con lo planteado,
varias organizaciones manifestaron la necesidad de que sean reconocidas las prácticas de Soberanía Alimentaria
que se desarrollan en el campo y en la ciudad, en el marco de un modelo
productivo alternativo al actual. Por esto, se planteó la necesidad de sancionar
leyes que promuevan la diversidad productiva y atiendan al derecho a una alimentación sana y culturalmente adecuada.
6. También se manifestó una
preocupación, compartida por la mayoría de los asistentes, en relación a la
venta de tierras a extranjeros en el período previo a la sanción e
implementación de la ley, entendiendo
que se debería suspender, toda
compraventa de tierras que pueda implicar mayor extranjerización o mayor concentración, hasta tanto se establezca la reglamentación
pertinente.
A continuación se detallan lineamientos planteados por algunos de los
participantes, que hacen a una mirada integral de la problemática de tierras:
- Algunas
organizaciones campesinas e indígenas manifestaron su preocupación ante
las amenazas y desalojos que sufren a pesar de la existencia de
legislación nacional y provincial que los protege (Ley 26160 y afines).
- También fue puesta
de manifiesto la necesidad de entender el territorio nacional como unidad
política inescindible y defender los derechos fundamentales de sus
ciudadanos bajo el principio de igualdad, de jerarquía superior a otras
estipulaciones constitucionales, como las del art. 124 de
- Junto con el
problema de la tierra se planteó la necesidad de discutir los efectos de
la industria forestal; de la producción de agro-combustibles, que compiten
con la de alimentos y provocan inflación. A su vez, avanzar en la
resolución de la problemática de transportes que encarecen los precios de
los alimentos en los centros urbanos.
- Necesidad de
restablecer organismos que controlen las producciones: Juntas Nacionales
de Granos y Carnes.
- Nacionalizar
el registro que realice el ordenamiento territorial ya que los desalojos
son llevados a cabo por las provincias.
- El Frente
Popular Darío Santillán (FPDS) planteó que en la discusión acerca del
modelo productivo, que debe darse en paralelo al de la tierra, se tiene
que tomar el problema del trabajo infantil esclavo en el que se sostiene
la producción actual.
- Volver a
regionalizar la producción, replanteando los modos de producir, comerciar
y distribuir lo producido.
- Los miembros
del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) plantearon la necesidad
de atender la problemática del Chaco salteño y del Chaco Santiagueño donde
se están realizando desalojos violentos en forma periódica a familias
campesinas, alertando sobre situaciones graves que se están dando
especialmente en Monte Quemado.
Por todo lo expuesto, elevamos el presente informe a las respectivas presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Asuntos Constitucionales para ser tenido en cuenta en la discusión que se llevará a cabo en relación al proyecto señalado supra.
